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Boletín de prensa 28 de marzo de 2011
EL TIEMPO
TRECE NUEVOS PROYECTOS LEGISLATIVOS VAN AL CONGRESO
Estos se sumarán a la ya agitada agenda que la legislatura tramita actualmente.
A las 9:30 a. m. de este lunes, en la Casa de Nariño, el presidente Juan M. Santos dará a conocer los detalles de las iniciativas, entre los cuales se encuentran el estatuto de arbitraje, el código penitenciario y carcelario, los jueces de paz y el estatuto de la mujer. También se busca penalizar la piratería y la violación de los derechos de autor en la web.
Enseguida serán radicados en las Comisiones Primeras de Senado y Cámara.
LOS JUECES DEL PAÍS AMENAZADOS BAJO FUEGO
Desde el 2010, más de 150 han sido amenazados y 4, asesinados.
Jueza se salva de ser asesinada en Sabanalarga, Atlántico. El atentado comprueba que el asesinato de Gloria Gaona, en Arauca, no es un caso aislado.
El mismo día de los funerales de Gloria Constanza Gaona -la jueza y madre de dos hijos asesinada en Saravena (Arauca)-, una de sus colegas se salvó milagrosamente de correr la misma suerte.
El hecho ocurrió el jueves en Sabanalarga (Atlántico), a donde fue trasladado el juzgado único de Manatí,uno de los municipios afectados por el invierno. Hasta ese lugar llegaron dos hombres armados, que se tomaron por asalto el despacho buscando a la jueza, que ha tomado varias decisiones contra los miembros de las bandas criminales. No la encontraron y a esta hora está bajo protección de la Policía.
La funcionaria hace parte del grupo de 500 jueces que en los últimos cinco años han recibido 736 amenazas, según cifras del Consejo Superior de la Judicatura. Con la jueza de Saravena, son seis los asesinados desde el 2006.
Según el presidente de Asonal, Nelson Cantillo, el caso de la jueza de Manatí no es raro en Atlántico. Los conflictos de tierras en ese departamento cambiaron la vida de la jueza de Juan de Acosta, población situada a hora y media de Barranquilla. "Mi libertad se acabó. Ahora tengo escolta y no puedo salir de mi casa o del despacho. Estoy pidiendo traslado y no me lo han querido dar", dice.
Al otro lado del país, en Caquetá y Meta, varios jueces que han recibido casos contra guerrilleros han tenido que recurrir a un salvavidas de emergencia: pedirle a la Corte Suprema que los releve de esos procesos.
"Se observa que en el trasfondo de la petición se encuentra el temor infundido por las Farc -dijo la Corte al trasladar un proceso de Puerto Rico (Caquetá) a Bogotá-. Pero no es solo temor; es la expectativa cierta de sufrir atentados a consecuencia del ejercicio de administrar justicia". Decisiones como esa se cuentan por decenas cada año.
Las presiones se sienten también en las grandes ciudades. La jueza de Bogotá Stella Jara salió del país después de dictar la primera condena contra un militar por el caso del Palacio de Justicia. Un sufragio que invitaba a su entierro precipitó esa decisión.
El presidente de la Sala Administrativa de la Judicatura, el magistrado Hernando Torres, dijo que desde el 2006 se ha reubicado a 196 jueces. "Hemos visto que esquemas de la Policía, como el Plan Padrinos -que tenía la doctora Gaona-, son insuficientes", afirmó. ¿Soluciones? La propuesta del Gobierno pasa porque haya jueces especializados contra la delincuencia organizada para evitar que, como ocurre hoy, los que están en las zonas más complicadas tengan que encontrarse en la calle con los compañeros de los criminales que dejaron en la cárcel.
La zozobra también se vive en Bogotá
Sus amistades se redujeron, los paseos familiares se acabaron; la ruta del trabajo a su casa es interminable, cualquier carro, motocicleta o persona en la calle es sospechoso.
Eso es lo que vive y siente a diario una jueza especializada en Bogotá. Las amenazas que ha recibido por las decisiones que ha tomado -en procesos contra narcotraficantes, guerrilleros, jefes de bandas criminales o corruptos- la obligaron a desconfiar de todo.
Por eso siempre busca pasar desapercibida en cualquier acto social, oculta su nombre en lo posible y esquiva todo acto que le dé publicidad. A pesar del riesgo que corre a diario, no cuenta con ningún esquema de seguridad.
"A mí me amenazaron hace seis años por un proceso de Foncolpuertos. He pedido seguridad a la Judicatura, pero solo hasta este mes me avisaron que me van a asignar una escolta. Lo malo es que viene sin carro y yo ando en buseta", afirma esta funcionaria.
Tiene más de 10 años en la Rama Judicial. En broma, dice que la Judicatura debería pensar que no solo ella está en peligro, sino también los cientos de pasajeros de la ruta de TransMilenio que desde el norte de la ciudad viajan a su lado, ajenos a su situación.
"¿Qué pasaría si los que van conmigo en el bus se enteraran de que soy juez, de que estoy amenazada y acabo de quitarle parte de sus bienes a un jefe paramilitar extraditado y a su madre?", cuestiona.
Otro colega suyo dice que hace mucho tiempo dejó de ir de rumba en su ciudad natal, Villavicencio. No falta -dice- quien lo salude a uno a grito entero: "¿Qué hubo, juez?".
Siempre les recomienda a sus padres y hermanos reserva y que en lo posible no digan cuando va a ir de visita. "Cerré mi círculo de amigos, sospecho de algunos, aunque los conocí desde niño no sé en que bando están".
En Bogotá, sus hábitos no cambian. "Hay que esconder hijos y familia, y hasta el simple acto de conducir un carro se vuelve angustia. Siempre estoy mirando el retrovisor midiendo la distancia de cada carro que está detrás.
'LO QUE BUSCAN ES ENLODAR A LAS CORTES': CAMILO TARQUINO
Camilo Tarquino es magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
El Presidente de la Corte Suprema dice que se necesita cirugía a la Comisión del Congreso.
El nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Camilo Tarquino, habló con EL TIEMPO sobre los cuestionamientos que han recibido ese y los otros tribunales respecto a los pocos avances en las investigaciones contra magistrados. El Presidente de la Corte asegura que la Comisión de Acusaciones debe reformarse, y que el Consejo de la Judicatura no debería tener nuevos poderes. "El Gobierno se contradice cuando por un lado quiere acabar la Judicatura y por el otro le da más funciones", dice.
Hay sectores que aseguran que las cortes no tienen quién las ronde. ¿Es así?
Pensaría que la Comisión de Acusaciones, que es su juez natural, debe reformarse, pero creo que debe existir y cumplir el servicio que presta. No debe desaparecer, pero sí debe haber ciertos requisitos para desempeñar ese cargo de juez: la Comisión, consideraría, por lo menos debe estar integrada por abogados.
También se dice que la Corte ha pedido premura en la investigación de las 'chuzadas', pero que las investigaciones contra magistrados no avanzan...
Las investigaciones contra los magistrados no es que no avancen. Lo que pasa es que sus resultados no son como muchos quisieran. La Corte y sus magistrados no han estado incursos en ningún delito, de tal manera que no es que no hayan avanzado, sino que terminan como deben terminar: con archivo, porque no ha habido conducta delictual.
¿Cómo ve los escándalos por el 'carrusel' de contratos en la Judicatura y las denuncias de corrupción en la Sección Quinta del Consejo de Estado?
Hay que distinguir entre brotes de corrupción y algunos comentarios que tenderían en un momento dado a deslegitimar o enlodar a la justicia. Serían brotes de corrupción solo si se comprueba que hubo conductas delictivas por parte de funcionarios de la justicia.
Pero en el caso del 'carrusel' en la Judicatura los mismos magistrados lo han admitido...
Hasta donde he oído al señor Presidente de Consejo Superior de la Judicatura, para él cada uno de los magistrados que fueron mencionados por algún medio de comunicación han dado respuestas satisfactorias, y él puso esos hechos en conocimiento de su juez natural. De todos modos, es bueno aclarar que el Consejo de la Judicatura es una institución que si bien pertenece a la justicia, no es la Corte Suprema.
Hay otro episodio que salpicó a la Corte, el del narcotraficante Giorgio Sale. ¿Qué ha pasado con esa investigación?
La Corte pidió que se investigara cualquier relación supuestamente ilícita con el señor Giorgio Sale. Hasta donde tengo conocimiento, no resultó involucrada la Corte en ningún episodio o que estuviera contaminada con dineros del narcotráfico. La Corte no fue infiltrada de esa manera.
Recientemente el Gobierno recibió una serie de facultades para reformar el Estado. ¿Considera que la justicia también debe renovarse?
La justicia debe reformarse en aquello que eventualmente amerite reforma. La reforma de la justicia no debe ser una respuesta a situaciones coyunturales. La Comisión Interinstitucional, integrada entre otros por los presidentes de las cortes, estudiará la propuesta de reforma de la justicia del Gobierno.
¿Los magistrados deben seguir siendo elegidos por el Congreso, o hay que cambiar esa fórmula para evitar que se politice la justicia?
Lo ideal, cuando se reclama independencia por parte del juez, es que en su elección no intervenga la política.
¿Cree que a los magistrados les falta autocrítica?
La Corte, como cualquier institución, recibe o acepta cualquier crítica desde que sea constructiva y para mejorar. Ni más faltaba.
Magistrados y fiscales que regresan a litigar
¿Cómo ve que ex magistrados o ex fiscales terminen sus periodos y regresen a litigar? Como en el caso del ex fiscal Guillermo Mendoza Diago, el ex magistrado Carlos Isaac Náder y el ex viceprocurador Carlos Gómez Pavajeau?
Considero que cada uno de ellos, mientras fueron funcionarios, desempeñó muy bien sus funciones. En el caso de Náder, mientras fue magistrado y presidente de esta corporación fue un hombre probo, leal íntegro, entregado a sus funciones. Lo propio tengo que decir de Gómez Pavajeau y Mendoza. Debemos entender que todos son abogados. No sería yo la persona idónea para decir si la labor que desempeñen como abogados litigantes es ética o no. Lo que puedo decir es que fueron funcionarios correctos y que si llegaran a incurrir en un acto indebido hay normas que regulan esos aspectos.
Dardos a la Judicatura
¿Qué opina de la propuesta de reformar la Judicatura?
Es incoherente la propuesta del Gobierno, porque mientras en la Reforma de la Justicia sostiene que se debe modificar y en un momento dado extinguir la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en el Congreso, con el proyecto de ley anticorrupción, en los artículos 46 al 48, se le están dando facultades absolutas para que, además de las que tiene, investigue la conducta y sancione las faltas de los empleados de la Rama.
No entendería yo esa política porque estaría facultándola para ejercer vigilancia preventiva y casi que reemplazando a los jueces cuando dice que debe promover acciones judiciales y disciplinarias ante actos de corrupción. Si se les da estas facultades, lo más probable es que no vaya a desaparecer porque se van a crear más cargos y más burocracia.
Sería darles más elementos...
Por qué darle más facultades cuando parece que hay quejas de que tienen exceso de trabajo y ahora darle más para que creen más Salas o cargos para investigar a todos los empleados del país.
¿Cómo ve a ese organismo?
Ellos deben dedicarse a investigar a los abogados, esa debe ser su función, cuando quiera que estos incurran en un acto delictual.
URGEN SACAR DEL LIMBO AL PROYECTO DE DELITOS MENORES
Expertos penalistas pidieron mantener diferencias entre las pequeñas causas y los punibles comunes
ANTE LAS dificultades que han tenido el Gobierno y los ponentes del proyecto de ley de los delitos menores para llegar a un consenso en el texto de la iniciativa para iniciar su discusión en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, por cuenta, entre otros aspectos, de la rebaja o no de penas de algunos punibles, expertos penalistas pidieron mantener diferencias entre las contravenciones y los delitos comunes.
Hace dos semanas EL NUEVO SIGLO había registrado la controversia que había suscitado esta iniciativa. Por un lado uno de los ponentes, Rubén Darío Rodríguez, criticó el texto del proyecto, porque en su parecer se establece una rebaja de penas para algunos delitos, como el que va en contra de la propiedad, cuando el ilícito es por una suma inferior a los 10 salarios mínimos, es decir menos de cinco millones de pesos, lo que en palabras del parlamentario, hace que la pena sea excarcelable.
De otro lado, el viceministro de Justicia, Pablo Robledo, respondió que no se puede establecer grandes penas para delitos de menor impacto, “porque terminamos no sólo desgastando desmedidamente el aparato judicial, sino todo el sistema carcelario”.
Pues bien, conocedores del tema le expresaron a EL NUEVO SIGLO cuál propuesta es la ideal.
Por un lado, el ex procurador general Jaime Bernal Cuellar, señaló que no se les puede dar un tratamiento igualitario a los delitos menores y a los comunes, respondiéndole a los que plantean subir las penas para las pequeñas causas.
“No se puede dar un tratamiento igual al delito y a las pequeñas causas. A mí me parece que por la naturaleza de las pequeñas causas, tienen que tener una diferencia en el tratamiento. Esa diferencia puede estar dada por la cantidad de pena que traiga la respectiva disposición que consagra esa figura. Además, debe estar diferenciado en la forma de ejecución de esa sanción, en la consecuencia y trámite que se imprime a esas faltas, porque no puede ser el mismo trámite ordinario, o de lo contrario, estamos haciendo una división artificial.
(…) Debe también diferenciarse por la calidad del funcionario que conozca esas faltas, de igual manera, debe darse una posibilidad más amplia del principio de oportunidad, buscando la reparación a las víctimas. En consecuencia, a mí me parece que el tratamiento no es de poner penas iguales, eso puede hacerse a través de un tratamiento en su ejecución, por ejemplo, una persona que por segunda vez cometa una falta similar, tiene que ir a un centro carcelario, o sea que debe mirarse una repetición de las conductas. Yo creo que eso debe tener un contenido más de fondo, en el que puedan tener una respuesta inmediata de las autoridades, y no un proceso de uno o dos años, como actualmente se están demorando”, señaló el ex jefe del Ministerio Público.
Por su parte, el abogado penalista Hugo Quintero, señaló que hay algunos delitos menores que sí merecen tener un diferenciamiento de los demás, y por ende otro tratamiento.
“El problema de cómo combatir la delincuencia, depende de la definición que cada Gobierno haga en su respectivo cuatrienio. En las pequeñas causas, algunos tipos penales justifican plenamente medidas de encarcelamiento y otras francamente no. Yo creo que el Estado debería hacer una gran reflexión de que los delitos que requieren encarcelamiento son aquellos que involucren violencia contra las personas, independientemente de la cuantía que haya robado. Sin embargo, hay otra clase de delitos que no ameritan otra clase de soluciones, como medida de aseguramiento de carácter electrónico, prohibición para salir del país, pero no de encarcelamiento. El Estado también debe buscar mecanismos de rehabilitación”, manifestó.
Por último, el ex fiscal general Alfonso Valdivieso se mostró también de acuerdo con establecer una diferencia entre los delitos menores de los comunes.
“Habría que diferenciar esas conductas. En el tema de las contravenciones o delitos menores no se justificaría la congestión en las cárceles, pero de todas maneras, debe tener su castigo y se sancione de una manera diferente”, afirmó
EL NUEVO SIGLO
RESTRINGIR EL NÚMERO DE HIJOS
Por MARÍA ANDREA NIETO ROMERO
“El tema no puede ser el de reducir esta obligatoria ayuda”
ME llamó la atención la semana pasada la noticia acerca del proyecto de ley que prepara el congresista Hólger Horacio Díaz que consiste en eliminar los subsidios para madres cabeza de familia que sirven para alimentar y educar a sus hijos. El congresista alega, que estos subsidios se han convertido en un estímulo para que las mujeres tengan más hijos. Propone que el número de hijos debería reducirse a 2 como estrategia para combatir la pobreza.
Las voces a favor y en contra no se hicieron esperar. La Iglesia Católica declaró que era una medida absurda ya que no se debía prohibir el número de hijos que la gente desea tener y Profamilia por su parte, argumentó que lo que necesita el país es una política de educación sexual y reproductiva que le proporcione a la gente información acerca de los métodos anticonceptivos y así tener un mayor control sobre sus cuerpos.
Entre menos gente haya los recursos escasos de la economía “rendirán” mejor. Pero el tema no puede ser el de reducir esta obligatoria ayuda del Estado frente a las familias menos favorecidas, en especial si esas ayudas están destinadas a los niños y niñas. El problema de fondo con las mujeres de escasos recursos es un tema cultural. Ellas consideran que tener hijos las hace valiosas frente al hombre, que embarazarse es una forma de “conseguir marido” y que entre más jóvenes tengan los hijos es mejor.
Estas afirmaciones las he podido recaudar en mis conversaciones con distintas mujeres de escasos recursos que me confiesan que una mujer a los 33 años está muy “vieja” para tener hijos cuando les cuento que a esa edad nació mi hijo.
Comparto la posición de Profamilia. Al país le hace falta una política sexual y reproductiva que atienda problemas tan delicados como el abuso sexual de las niñas en sus hogares, principalmente en la región del Caribe, en donde las niñas son consideradas como una especie de “propiedad” al que tíos, primos mayores, abuelos y padres tienen como una especie de “derecho”.
La economía como ciencia social busca solucionar la paradoja de necesidades infinitas y recursos escasos. Para que la gente pueda decidir necesita estar informada sobre las implicaciones que implica traer un ser humano al mundo. Creo, además, que es un tema de consideración con el medio ambiente, porque hasta que no aprendamos a ser más respetuosos con la tierra y sus recursos seguiremos por el camino peligroso y suicida de la destrucción del planeta Tierra.
VÍCTIMAS PRIORIZA REPARACIÓN SOBRE VERDAD Y JUSTICIA: ENRÍQUEZ
Conservatismo sigue preocupado por los recursos.
LA INICIATIVA de ley de víctimas “está enfatizada únicamente en la reparación” en detrimento de la verdad y la justicia, consideró el senador nariñense Eduardo Enríquez, del Partido Conservador, presidente de la comisión primera del Senado.
EL NUEVO SIGLO: En el debate al la ley de víctimas usted habló de unas preocupaciones…
EDUARDO ENRÍQUEZ: Son unas preocupaciones que tengo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista procesal.
Toda esa serie de preocupaciones hacen parte de un decálogo que yo lo dejé como constancia en el debate de este proyecto
ENS: ¿Eso no es como estarle metiendo palos en la rueda del proyecto?
EE: Todos los colombianos estamos de acuerdo con los derechos de las víctimas. No hay uno solo colombiano que esté en contra de esa justa pretensión. Tanto el Gobierno como el Congreso tienen las mejores intenciones para poder acertar.
ENS: ¿Cuáles son algunas de esas preocupaciones?
EE: La primera. Considero que muchas normas que hacen parte de esa codificación deben tener el tratamiento de una ley estatutaria.
Segundo. Desde el punto de vista económico no se de donde van a salir los recursos. Diría yo que es prácticamente imposible asegurar el pago de la indemnización que van a reclamar en el inmediato futuro más de cuatro millones de víctimas.
Tercero. En la ley se abandona el primer derecho que debe tener la víctima la cual es la consecución de la verdad.
ENS: ¿Le parece que se relega la verdad y la justicia ante la reparación?
EE: Yo les decía en el debate que esos derechos no tienen una ubicación caprichosa: Verdad, justicia y reparación.
Si yo se quien mató a mi papá con eso yo me siento satisfecho; si no es posible la verdad, pues hagan justicia. Pero esta ley está enfatizada únicamente en la reparación.
ENS: La plata por delante…
EE: Una vez que usted recibe la indemnización tiene la puerta abierta para demandar al Estado.
ENS: Decía usted que la primera relegada es la verdad…
EE: Estamos negociando en medio del conflicto, no postconflicto. Y no hay una comisión de la verdad. Porque si la víctima sabe la verdad de pronto no se va a preocupar por el dinero. Si la víctima ve que este es un Estado fuerte que hace justicia de pronto no se va preocupar por el dinero.
Pero esta ley que estamos tramitando coloca en primera línea la reparación a través de unos recursos que por el momento el Estado no los tiene. Y ahí es donde se puede caer la estantería de un proyecto de ley que está animado, repito, con las mejores intenciones del Gobierno, con las mejores intenciones del Congreso, con la solidaridad del pueblo de Colombia.
ENS: ¿Hay otras preocupaciones?
EE: En cuarto lugar, se abandona la justicia que se debe dar para los violadores de los derechos humanos.
En quinto lugar me preocupa el proceso que se quiere dar para la restitución de tierras. Es un proceso que no le permite a la víctima tener acceso, empezando porque los problemas se van a estudiar en una sola instancia y, de otra parte, porque se deja el camino para que la persona presente su propia demanda. ¿Se imaginarán ustedes un campesino acudiendo a un tribunal a presentar su demanda, hecha por él, enfrentándose a unas fuerzas muy poderosas?
ENS: Tan poderosas que están asesinando a los líderes…
EE: El retorno. Seguridad, primero; en segundo lugar, productividad: a mi no me pueden dar un pedazo de terreno y no más.
El retorno. Eso es lo más delicado. Mire cuantos muertos van hasta ahora. Van como 50 después de que empezaron el programa de restitución de tierras.
Entonces, le dicen: “Este es su terrenito, de donde usted se fue”. Que “¿qué voy a hacer aquí?” “Ah, eso sí nosotros no sabemos”. “Bueno, ¿y quien nos da la seguridad a mi y a mi familia?”. “Bueno eso sí tampoco”.
A PUNTO DE ENTRAR EN VIGENCIA TLC CON CANADÁ
Está listo para el intercambio de notas.
LUEGO DE varios esfuerzos por cerrar las negociaciones y superar los trámites legales, el Tratado de Libre Comercio con Canadá quedó listo para el intercambio de notas y podrá entrar a operar en breve. Este será el primer acuerdo suscrito entre Colombia y un país desarrollado.
El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, dijo que este es un hecho sin precedentes y destacó la relevancia que tendrá para el crecimiento económico del país, y para la generación de empleo, contar con un socio que genera 2,6 por ciento del PIB mundial, y que pone a disposición de Colombia un mercado de 33 millones de habitantes.
“Nuestro nuevo socio tiene un alto poder de compra. Cada uno de sus habitantes recibe anualmente un promedio de 38.614 dólares, es decir, cinco veces lo que obtiene, también en promedio como ingreso, un ciudadano colombiano. De ahí las altas posibilidades que se abren para nuestros exportadores”, dijo el Ministro.
Una vez superados los trámites legales internos, el último de los cuales fue la declaratoria de exequibilidad al acuerdo sobre informes anuales relativos al impacto del comercio en los derechos humanos, por parte de la Corte Constitucional, sólo se espera su notificación para que la Cancillería inicie los trámites de intercambio de notas.
“Surtido este paso, el balón queda en la cancha de los empresarios colombianos, quienes serán los encargados de aprovechar los beneficios que ofrece el Tratado para hacer los goles”, explicó el alto funcionario.
Las posibilidades que da el Tratado, en materia de exportaciones, impactarán positivamente productos como el azúcar, el arroz procesado, los textiles, los cereales, los aceites y grasas vegetales y las confecciones, entre otros.
Para el sector azucarero, por ejemplo, se obtuvieron los mejores resultados que se hayan alcanzado en cualquier negociación previa.
A los productores de biocombustibles, flores, y textiles y confecciones, todos ellos también importantes generadores de empleo, las puertas canadienses se les abrirán de inmediato, para que sus exportaciones ingresen libres de aranceles, una vez entre en vigor el Tratado.
Estos productos hacen parte del 98 por ciento de exportaciones colombianas que entrarán con cero arancel al mercado canadiense, en forma inmediata. De ese gran total, 99,8 por ciento del comercio de bienes industriales, al igual que 97,6 por ciento de los bienes agrícolas recibirán el tratamiento preferencial mencionado.
El sector agrícola tuvo un papel protagónico en la negociación. Y si bien Colombia tendrá la posibilidad de vender, sin pagar arancel, productos como café en grano y soluble, azúcar blanco, flores, frutas y hortalizas, confitería, cacao y sus derivados, productos alimenticios y preparaciones de frutas y hortalizas, productos del sector tabacalero, etanol y licores, entre otros, también los consumidores nacionales y los empresarios se verán beneficiados con el ingreso de productos que el país actualmente debe importar.
“Es el caso del trigo, cuyos tradicionales proveedores son Estados Unidos, Canadá y Argentina. El Tratado con Canadá presume, entonces, una mayor competencia que favorecerá la competitividad de los productores nacionales que utilizan ese insumo”, explicó el Ministro.
El histórico de las compras de trigo en el país muestra cómo en 2008 se compraron 382 millones de dólares a EEUU, 95 millones de dólares a Canadá y 53 millones de dólares a Argentina; mientras que en 2009 se presentó un aumento de compras a Canadá, con 112 millones de dólares, aún sin haber entrado en vigencia el acuerdo.
REVISTA SEMANA
CIDH ESTUDIA ESTE LUNES EL ESCÁNDALO DE LAS 'CHUZADAS'
En otra sesión, la CIDH evaluará el cumplimiento por parte de Colombia del derecho a un recurso efectivo de la población desplazada.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hará seguimiento este lunes a las investigaciones que efectúa Colombia por el escándalo de las 'chuzadas' del DAS.
En el segundo día de audiencias públicas del 141º periodo de sesiones, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), concedió un espacio a Colombia.
La CIDH estudiará la situación de los derechos humanos en Colombia, y evaluará el estado de las investigaciones del gobierno en el caso de las 'chuzadas'.
Cabe recordar que la CIDH ya condenó esas prácticas en su momento, pues miembros de la propia Comisión se vieron afectados por los seguimientos ilegales.
Y es que en una audiencia que la CIDH celebró sobre el escándalo en 2008, en la que el Colectivo de Abogados "José Alevar Restrepo" (CCAJAR) y CEJIL denunció la "gigantesca e ilegal" operación de inteligencia, el gobierno colombiano decidipó retirarse.
En otra sesión, la CIDH evaluará el cumplimiento por parte de Colombia del derecho a un recurso efectivo de la población desplazada.
La CIDH analiza también este lunes el impacto de la lucha contra el crimen organizado de México.
CONEJO A RECICLADORES
Hace dos años la Corte Constitucional falló una tutela en favor de los recicladores del basurero de Cali. Sin embargo, aún hoy, el alcalde de dicha ciudad no cumple a cabalidad lo ordenado.
Pese a la existencia de tres sentencias de la Corte Constitucional, parte de los recicladores del país siguen por fuera del lucrativo negocio de las basuras.
No hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Eso les ocurre a los tres mil recicladores de Cali, que pese a estar amparados por una sentencia de la Corte Constitucional desde hace dos años, siguen peleando por que el alcalde, un hombre de izquierda, les cumpla. Esta semana, un pequeño grupo se tomó la sede ambiental del municipio para exigirle a Jorge Iván Ospina que resuelva sus inquietudes.
A simple vista el asunto que los mueve parece un pleito doméstico, pero se trata de un tema de gran envergadura que pone en evidencia que los tres fallos de la Corte en torno a los recicladores y sus derechos siguen a la deriva. Un mal precedente para un sector del que viven 300.000 personas.
Como se recordará, el 23 de abril de 2009 salió la histórica sentencia T-291, mediante la cual la Corte no solo reconoce el derecho al trabajo de los 680 recicladores que escarbaban el basurero de Navarro, en Cali, sino que obligó a las autoridades a garantizarles "su desempeño como empresarios del sector".
Dicho en otras palabras, el fallo abrió las puertas para que, de tú a tú, participen con los grandes grupos económicos en las licitaciones para operar el servicio de aseo, con exclusividad en la cadena de la basura reciclable, en la que son expertos empíricos.
Así se hizo con una de las cuatro rutas concesionadas en Cali, donde el operador creó una promesa de sociedad futura con cerca de 200 recicladores y los hizo dueños del uno por ciento de la compañía. El tema fue reproducido por la revista británica The Economist, que vio en el esquema de capitalismo y economía solidaria un modelo: ricos y pobres haciendo empresa.
Todo ese logro fue cimentado por los recicladores de Bogotá desde 2003, cuando ganaron la demanda de inconstitucionalidad de la licitación que se realizaba en la capital. Desde entonces, la Corte sentó jurisprudencia a través de las sentencias T-741 y T-724 en torno al derecho que tienen de asociarse y competir en igualdad de condiciones y participación efectiva en las licitaciones del servicio de aseo.
Sin embargo, varios expertos en el tema creen que las sentencias no han sido respetadas porque la basura reciclada solo en Bogotá mueve un promedio de 60.000 millones de pesos al año, y quienes ganan son los grandes intermediarios, que se pueden contar con los dedos de la mano.
Irónicamente en Cali, la ciudad donde culminó con éxito esa batalla jurídica, las cosas no parecen mejorar. "Tergiversaron el esquema de la sentencia y están manoseando todo con oportunismo político", dijo a SEMANA Espólito Murillo, reciclador que fue candidato al Concejo por el Polo y se quemó.
Como el fallo obligó al municipio a garantizar trabajos temporales a los 680 recicladores de Navarro, mientras eran incluidos en el manejo integral de las basuras, el alcalde montó en 2009 la nueva empresa Girasol Eice. Esa jugada le permitió matar dos pájaros de un tiro: le cumplió parcialmente a la Corte y, de paso, lanzó un salvavidas para los extrabajadores de la liquidada Emsirva, empresa de aseo que cayó en desgracia por la politiquería.
Sin embargo, en Girasol hay contratados solo 300 de los 680 recicladores que la Corte ordenó atender. Y, como si fuera poco, se apoderó del servicio de la ruta reservada exclusivamente para que ellos desarrollaran su empresa. Adriana Restrepo, la abogada caleña experta en reducción de pobreza que a través de la fundación Civisol defendió los derechos de los recicladores ante la Corte, catalogó la jugada del municipio como "una vil tercerización laboral irónicamente liderada por un mandatario de izquierda".
El alcalde Ospina defiende el proceso y argumenta que la integración de todos los recicladores en el negocio de la basura se hará de manera progresiva por su complejidad, y reconoció que lo ideal es que el vínculo en el sector sea "como empresarios y no como empleados".
En Cali, entonces, está todo por resolverse. Tal vez les sirva de ejemplo lo ocurrido en Bogotá. En esta ciudad, en este momento se avanza con el proceso para entregar en concesión seis zonas de aseo en un contrato de 2,3 billones de pesos. La licitación se atrasó, justamente, porque a la Corte le tocó también ordenar que acataran el fallo e incluyeran en el negocio a 25.000 recicladores. "Ya se logró que en los pliegos se definiera la inclusión de nuestras organizaciones como accionistas", explicó Nohora Padilla, presidenta de la Asociación Nacional de Recicladores. De manera silenciosa se está haciendo el milagro.
TERRA.COM.CO
ESTA SEMANA SERÍA NOMBRADO GERENTE JUDICIAL TRAS AÑOS DE TRABAS
Las ternas para elegir al Director administrativo Judicial siempre han tenido problemas para su elección. Algunas veces el obstáculo se da porque no cumplen con los requisitos exigidos y otras porque se interpone la mano de algún alto jurista.
Esta semana se deberá resolver la revisión de una tutela que tumbó la terna anterior porque los aspirantes, supuestamente, no cumplían con los estudios de economía que se exigen para dicho cargo, el cual es apetecido por muchos por el gran poder que maneja.
Una vez conocido el fallo definitivo se procederá a elegir a las personas que se encargarán de gerenciar la rama Judicial.
Los requisitos para ser elegido como el gran gerente de la rama Judicial son: tener título profesional, maestría en ciencias económicas, financieras o administrativas; acreditar experiencia no inferior a cinco años y no tener ninguna inhabilidad.
La terna anterior, que debía ser elegida en 2009, estaba conformada por Sandra Lisset Ibarra, quien carece de una maestría en Economía; Andrés Hibert Arévalo, quien supuestamente no cumple con la experiencia financiera; y Otto Arnulfo Bolaños, quien a los cuatro meses cumplía los 65 años de edad.
Estas presuntas anomalías fueron encontradas por Juan Carlos Abuabara, quien se inscribió y quedó en el cuarto puesto y por ese motivo entuteló a la terna ganándola.
Una vez salió el fallo favorable, la sala administrativa con la anuencia de los
presidentes de las altas cortes conformó una nueva terna y entre las personas
que están a la espera son: Juan Carlos Abuabara; Carlos Useda, quien fuera
magistrado auxiliar de Hernando Torres; y Ernesto Benavides, exdirector del
Incoder.
Pinilla revisa la tutela
Pero la elección se frenó nuevamente porque el magistrado de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, pidió la tutela para su revisión. Algunas personas allegadas a este proceso, que siempre ha tenido serios obstáculos, dicen que es paradójico que Pinilla siempre ha estado pendiente de la elección del gerente judicial, tanto en 2000, cuando era presidente de la Corte Suprema de Justicia, como en 2009 cuando era presidente de la Corte Constitucional.
Hoy Nilson Pinilla es el magistrado encargado de la revisión de la tutela que deberá ser fallada esta semana.
Si el magistrado Pinilla deja en firme la terna que está conformada en la actualidad, se procederá a la elección del gerente de la Rama Judicial. Sin embargo, el actual ternado Carlos Useda está como encargado de la gerencia y les lleva una cierta ventaja a los otros dos aspirantes.
Se espera que en esta oportunidad no haya más obstáculos y se culmine el proceso exitosamente.
Cabe recordar que entre las funciones del gerente judicial está la de suscribir en nombre de la Nación los contratos que deban celebrarse y nombra a los funcionarios del Consejo Superior de la Judicatura, al igual que resolver algunas situaciones administrativas. Expertos de la justicia comparan este cargo con el de un ministerio.
La persona que resulte elegida tendrá la responsabilidad de coordinar 1.500 cargos y manejar un presupuesto cercano al billón de pesos que se le da a la Rama Judicial.